El director de EL BALUARTE, Álvaro Enrique Sánchez Carrillo, denuncia que la Secretaría de Hacienda le inventó un negocio de alojamiento en 2018 y 2022, y lo notificó a través de Paola Cortés, una persona a quien no conoce. La entidad ya le impuso un cobro superior a los cuatro millones de pesos, en un proceso arbitrario y sin fundamento legal. “Esto es un robo disfrazado de cobro tributario”, afirmó Sánchez.
El periodista Álvaro Sánchez pide al alcalde Carlos Fernando Galán que frene el abuso de la Secretaría de Hacienda y garantice procesos honestos. “Hoy fui yo, mañana puede ser cualquiera”, advierte Sánchez, quien invita a compartir esta denuncia para que llegue al alcalde.
La Secretaría Distrital de Hacienda abrió un proceso sancionatorio contra Álvaro Enrique Sánchez Carrillo, director del Periódico EL BALUARTE, por supuestas actividades económicas de alojamiento en los años 2018 y 2022. “Eso no es cierto. En esa época yo era edil de la localidad de La Candelaria, y mis ingresos provenían únicamente de los honorarios oficiales de ese cargo. El alojamiento lo inicié en 2023, con Registro Nacional de Turismo vigente”, explicó Sánchez.
Lo más grave del proceso es la supuesta notificación. Según la Secretaría, fue realizada el 29 de enero de 2025 y aparece como recibida por una mujer llamada Paola Cortés. “Esa señora nunca ha vivido en mi casa y no sé quién es esa persona. No la conozco. Incluso llamé al número telefónico que dejaron en el expediente, y allá me confirmaron que tampoco saben quién es”, relató Sánchez. El periodista aseguró que solo se enteró del proceso el 19 de febrero de 2025, cuando encontró el documento debajo de la puerta de su vivienda.
Pese a haber interpuesto derechos de petición, recursos y una declaración notarial para demostrar la irregularidad, la Secretaría de Hacienda los negó argumentando que su recurso de reconsideración era ‘extemporáneo’. Además, Sánchez señala otra omisión grave: la entidad nunca usó el correo electrónico personal que tiene registrado en su plataforma y que él utiliza cada año para pagar sus impuestos de bienes inmuebles. “La ley obliga a notificar también por medios electrónicos, y mi correo está en el sistema de Hacienda. No lo hicieron, lo que prueba que no hubo verdadera intención de notificarme”, afirmó.
Tras agotar los recursos administrativos, el caso ahora pasará a instancias judiciales. Sánchez y su abogado preparan una acción de tutela para denunciar la vulneración al debido proceso. “El alcalde Galán debe parar estos abusos. Los bogotanos no solo tenemos miedo de la inseguridad en las calles, ahora también de la propia Secretaría de Hacienda. Compartan esta noticia para que le llegue al alcalde y se frenen estos falsos positivos tributarios”, concluyó Sánchez.
